El Archivo Nacional (AN) acaba de publicar su “Planificación Estratégica 2023-2028”, un documento que actualiza la anterior, incluyendo una perspectiva de derechos, y que asume esta proyección como una transición, debido a los múltiples procesos de alta relevancia que se encuentran en curso, a saber: diseño y tramitación de la Ley General de Archivos, instalación regional de Archivos, modernización y automatización de procesos, profundización de la participación ciudadana, entre otras.

El texto recoge el planteamiento de diferentes miembros del AN, de sus coordinaciones y unidades, y de los Archivos Regionales. Para ello, se han integrado los contenidos de la discusión sostenida en distintas instancias de participación desplegadas para su elaboración, tales como entrevistas individuales y grupales, talleres de validación y discusión, y retroalimentación continua de los documentos y entregas previas.

En tanto, la integración de una perspectiva de derechos significó el reconocimiento, desde la visión jurídica, de las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, la promoción y la protección de los derechos humanos (ACNUDH, 2006 en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). En ese marco, el AN adhiere a la Declaración Universal sobre los Archivos del Consejo Internacional de Archivos, firmada en Oslo el año 2010 estableció que: “Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”.

La planificación estratégica, con este enfoque, busca promover y resguardar los derechos de las personas, contenidos en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado chileno se ha hecho parte. Lo anterior, identificando las desigualdades de base, con el fin de reducir las brechas existentes y reconociendo aquellos ámbitos de competencia institucional en los cuales se pueden generar medidas para afrontar dichas desigualdades.

Así, el documento se estructura en tres secciones: la primera, entrega las definiciones que guían lo que se entiende por planificación estratégica con enfoque de derechos; la segunda,  presenta las definiciones estratégicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y del Servicio Nacional del Patrimonio (SERPAT), así las como directrices generales y aquellas correspondientes al ANcon sus respectivos indicadores; y, finalmente, la tercera, corresponde a una serie de anexos.