El presente artículo aborda la violencia de género hacia las mujeres del área urbana y rural del Departamento de Angol entre los años 1883 a 1942. Para aquello nos enfocaremos en el delito de violación, analizando sus variantes e indagando en cómo van respondiendo los procedimientos judiciales.
En las últimas décadas del siglo XIX la República chilena, a partir de procesos como la división político-administrativa, la creación de instituciones judiciales y su extensión territorial, incorporó forzosamente el territorio mapuche (Ngulumapu) a la configuración de la nación chilena. La estructura jerárquica institucional impuesta en el territorio nacional y mapuche iba en paralelo con la división político-administrativa que emanó de la Constitución de 1833, donde se plasmó tanto la organización del gobierno como de su administración interior, viéndose reflejada en la configuración de la institucionalidad y su quehacer.
De acuerdo a lo expuesto por autores como Jorge Pinto (2015), Marco Antonio León (2016) y Leonardo León (2005) la institucionalidad estatal instalada en este territorio no necesariamente contuvo el bandolerismo y delincuencia de aquella época, que no era tan solo una problemática de esta zona, sino a nivel nacional.
Por su parte el autor Sergio Caniuqueo (2006) ejemplifica cómo convivieron distintos tipos de justicias, incluyendo el sistema jurídico mapuche que funcionó en paralelo y se supeditó al impuesto por el Estado, generando un clima de desconfianza tanto en la población mapuche como no mapuche. Esta es una de las razones que explican la poca existencia de denuncias realizadas por mujeres mapuche en el juzgado (Vásquez, 2015).
La “cultura del honor” no se manifestó solamente en los sujetos, sino que también se reflejó en la estructura documental de la justicia chilena, afirmación se puede comprobar a partir de la revisión del Código Penal de 1874. Existió, así, una superposición de los imaginarios en la que la mujer estaba estrechamente relacionada con la familia y debían responder a una vida de mesura y obediencia hacia la estructura patriarcal.
A partir de lo anterior, es posible afirmar que la institucionalidad judicial reproducía una visión patriarcal en la que se obligaba a la mujer a probar su “honorabilidad” y a una conducta social aceptada. Esto se aprecia en la descripción de los perfiles de las víctimas que eran diametralmente opuestos a los de los victimarios.
A partir de la reconstrucción de los hechos y las distintas versiones de quienes participaron en estas instancias, podemos evidenciar un discurso en función de las moralidades antagónicas, totalmente opuestas, que permitieron sustentar a la otra, favoreciendo principalmente a los hombres. En consecuencia, se aprecia un prejuzgamiento hacia las víctimas, quedando expuesta públicamente la vida sexual de la mujer que era usada en su contra, justificando que no se trataba de una persona con honor o que no gozaba de buena fama y, por tanto, que no podía ser considerada para llevar a cabo tales procedimientos judiciales.
Por su parte, las declaraciones a favor al victimario hacían un contrapeso frente a estas moralidades impuestas hacia las mujeres, relevándolo como persona honrada, trabajadora, decente y que no haría un mal de esas características.
Los delitos sexuales podían ocurrir a cualquier hora del día, cerca del domicilio de la víctima o en los lugares frecuentados por ella cotidianamente, y el atacante actuaba en base a sus impulsividades, evitando que alguien más presenciara los hechos.
A nivel institucional podemos apreciar que la mayoría de las causas no alcanzaban a durar el año y la mayor parte de los procedimientos se frenaban por temas burocráticos. A lo anterior se le debe sumar el alto porcentaje de expedientes que finalmente quedaban sobreseídos.
Por todo lo anterior, podemos hablar de casos en que se manifiesta la naturalización de la violencia, producida cuando esta se ejerce dentro del tejido social y la institucionalidad la instrumentaliza, coexistiendo en sus diferentes dimensiones y legitimándose a través de diferentes acciones.
Palabras clave: Violencia sexual, género, justicia, Angol.
