La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 26 de agosto de 1920

Enrique Mac-Iver, pronunció en el año 1900, un discurso que se ha convertido en una de las fuentes más referenciadas, para el balance de la realidad chilena del Centenario, en sus palabras mostraba un Chile que, luego de cien años de vida republicana, no podía sentirse feliz, cuando gran parte de la población se encontraba en condiciones de pobreza y con respecto a la educación, señalaba lo siguiente: "... a medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye" (1).

Esta conclusión parecía, sin embargo, contradictoria con la visión general que tenía buena parte de la elite gobernante de fines del siglo XIX, quienes creían que el aumento sistemático del presupuesto para educación, se traducía en más escuelas, más profesores y mayor cobertura, lo cual repercutía rápidamente alfabetizando el país. Pero, la realización el 28 de noviembre de 1907, del Sexto Censo General de la República de Chile, arrojó resultados lapidarios en este sentido.

Para constatar el avance "cultural" del país, se le consultó a la población si sabía leer, mientras el 51,6% de la población declaró saber leer, el 48,4% permanecía analfabeta y respecto de los niños entre 5 y 15 años, el análisis de las cifras mostraron que solo el 17% de ellos asistía a clases.

Es decir, la apreciación de Mac-Iver era cierta, porque, mientras las cifras oficiales evidenciaban que durante las administraciones de Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, se había experimentado un crecimiento de establecimientos educacionales construidos por el Estado y aumentado la cantidad de casas en arriendo, para que funcionaran como escuelas, mejorado la dotación de normalistas y creando el Instituto Pedagógico, para formar profesores secundarios, en la práctica habían muchas "salas vacías" (como se decían en la época), producto del ausentismo y de la deserción estudiantil, pero principalmente el censo mostró, que estos progresos en alfabetización y matrícula escolar eran inferiores al crecimiento natural de la población chilena por lo que el analfabetismo iría en aumento sino se reelaboraba la política pública en educación (2).

Revertir esta tendencia, fue el objetivo de la "Ley de Educación Primaria Obligatoria", que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920 y por ello estableció en su artículo primero que: todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica.

Y para asegurar su éxito, estableció diversos mecanismos, uno de los más Interesantes de todos, fue el Articulo N°12, respecto de la obligación de padres y "guardadores" (apoderados); el cual señala lo siguiente: "El padre o guardador sufrirá la pena de presidio en su grado mínimo, o multa de uno a treinta pesos, si en el propósito de eludir las obligaciones que impone esta ley o de limitar el período de cumplimiento, diese información falsa acerca de la edad de su hijo o pupilo en el momento de la matrícula" (3).

Otras herramientas para este propósito, fueron: mejorar la oferta educativa mediante "escuelas temporales en lugares apartados y rurales; exámenes para aquellos niños que eran educados en sus casas, pero solo para los dos primeros años; prohibición del trabajo infantil menor de 16 años, creación de Juntas de Educación Municipales, para censar a todos los niños en edad escolar de su respectivo territorio y ubicarlos en establecimientos de enseñanza y supervisión de las condiciones de salud de los establecimientos, que el Estado arrendaba a particulares, para habilitarlos como escuelas (4); además de establecer sanciones, para los directores que incumplieran esta ley.

Para mejorar la cobertura, la Ley estableció que todas las municipalidades formaran, si fuere necesario, escuelas elementales en su territorio jurisdiccional. En los casos del mundo rural, donde aún vivía dispersa, buena parte de la población, obligó a los dueños latifundistas a crear escuelas con recursos propios y lo mismo determinó para los campamentos mineros y talleres (fábricas), que reunieran determinada cantidad de personas. Si estos privados no cumplían la ley, serían multados económicamente.

La promulgación de una "Ley de Instrucción Primaria Obligatoria", había tardó veinte años en ver la luz, veinte años desde que el senador radical, Pedro Bannen, presentó el 18 de junio de 1900, su proyecto que contenía la obligatoriedad de la asistencia de los escolares a la escuela, pero la posición contraria de los sectores conservadores, hizo que se rechazaran éste y otros varios proyectos de ley. Estos sectores, concentraron sus críticas principalmente en el excesivo poder que tendría el Estado central, en la orientación de la educación de los niños, en que no se limitara la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos e incorporar (o mantener) la presencia de la enseñanza católica, en todas las escuelas públicas. Por su parte, liberales y radicales defendieron la no injerencia de la Iglesia en la educación pública y laica, la centralización de la política educacional, pero no cerrando, la oferta privada de educación.

El 29 de agosto, el centro de Santiago vivió durante todo el día la celebración por la publicación de esta ley. El desfile fue encabezado por el mismo Darío Salas, que era el Inspector General de Instrucción Primaria, en el Palacio de La Moneda los marchantes fueron recibidos por el presidente Juan Luis Sanfuentes, ministros de estado y otra serie de autoridades.

Era el fin, de una etapa de nuestra historia social y el comienzo de una nueva. Y como sostiene María Loreto Egaña: "... con propiedad (esta ley) puede ser considerada como el 2° hito más significativo, en el desarrollo institucional de la educación primaria, que a su vez, imprimió una determinada orientación al desarrollo futuro de ésta" (5).

Fuentes:

(1) Mac Iver, Enrique: "Sobre la Crisis moral de la República": Biblioteca de "La Revista de Chile. N°31. Pág. 8.

(2) Serrano, Sol y otras: "Historia de la Educación en Chile (1810-2010). Tomo II, pág. 65 y siguientes.

(3) Fondo Ministerio de Educación, volumen N°3.996, a corresponde a los decretos del 09 al 16 de junio de 1920.

(4) En 1920 el 70,40% de las escuelas eran casas arrendadas a particulares, el 16,70% fiscales y el 12,90% privadas

(5) Egaña, María Loreto: "Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un debate político" en Revista de Educación N°315. Octubre- noviembre 2004. Pág. 29.

(6) Dirección General de Educación Primaria

Título: Lei N° 3.654 sobre educación primaria obligatoria: publicada el diario oficial Nª12,755 de 26 de agosto de 1920. Colección: Biblioteca Nacional. En: Archivo Fotográfico / Colección: Museo Pedagógico/ www.memoriachilena.cl