El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional votó por unanimidad la reforma a la Constitución Política de 1925 (Artículo Nº10), que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para que el Estado chileno se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país.
Concluía así, un modelo jurídico vigente por largos años, sobre la titularidad de la propiedad de las riquezas básicas y que en el caso del cobre, se había iniciado durante las primeras décadas del siglo XX, mediante el cual compañías norteamericanas como la Kennecott Copper Company, en El Teniente, (1907) y Anaconda Copper, en Chuquicamata (1914), habían explorado, descubierto y explotado los yacimientos cupríferos, gozando de manera casi exclusiva de los beneficios resultantes de la extracción del mineral rojo.
Sin embargo, pese a la presencia desde el primer momento de voces críticas, tanto al régimen de propiedad, como el bajo aporte que estaban realizando las compañías extranjeras a la economía nacional, en razón del no pago de impuestos, o a su reducido alcance, no es hasta los años cincuenta, que comienza a madurar el debate sobre la modificación de las "políticas", que regían a la gran minería del cobre y, en específico, sobre el comportamiento de la Kennecott y Anaconda.
Encabezaron el análisis y las propuestas transformadoras, los senadores Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Radomiro Tomic. Tomic, sostuvo que el cobre, representaba dos tercios de las ventas chilenas al exterior y que hace más de una década, este mineral representaba la "viga maestra" de la estructura de la economía chilena, por lo que el control del Estado no debía seguir postergándose.
Por su parte, el senador por Santiago Salvador Allende, presentó en 1961, el primer proyecto completo, para nacionalizar del cobre chileno y nuevamente reiteró su propósito en su Programa de Gobierno de 1964 (1).
Estas propuestas de Allende, estaban en línea con los procesos de descolonización africano y del Movimiento de países No Alineados, que abogaban entonces por un desarrollo económico de tipo nacionalista, sustentado en la propiedad estatal de las riquezas estratégicas de los países y del cual Allende, era un destacado adherente internacional. Por lo tanto, la inclusión de nacionalizar el cobre en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular de 1970, no representó novedad para el conjunto de las fuerzas políticas que disputaban la presidencia de la república.
Es así que a poco de asumido el gobierno, el 21 de diciembre de 1970, el presidente Allende envió al Congreso, el "Proyecto de Reforma Constitucional" mediante la Ley Nº 17.450. En solo seis meses, esta ley había recorrido todo el trámite legislativo y era aprobada sin cambios sustantivos el 11 de julio y publicada en el Diario Oficial el día 16 del mismo mes.
La materia central de la reforma contenida en el proyecto, era modificar el derecho de propiedad existente en la Constitución Política de 1925, mediante la introducción en el Artículo Nº10 de la Constitución, el término "nacionalizar", como una facultad del Estado y también que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales"(2)
El mismo día de la aprobación de la ley por el Congreso, el presidente Allende realizó una concentración en Rancagua, junto a los mineros de El Teniente. El diario oficialista "El Siglo", registró así la noticia: "...en Rancagua, en un masivo acto donde destacaban los cascos multicolores de los mineros, el Jefe de Estado hizo una completa exposición del estado en que se encuentran los yacimientos cupríferos y llamó a los trabajadores de El Teniente a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción del mineral". Además, Allende expuso el significado histórico que representaba la nacionalización del cobre. Señaló que la nacionalización de la gran minería del cobre, representaba la segunda independencia nacional. Es decir, que se estaba presenciando el hito en que Chile conquistaba su independencia económica definitiva, haciendo con ello un símil, con la Independencia Política de 1818.
La ceremonia oficial de firma del Decreto, se realizó el 15 de julio en el Palacio de La Moneda. Estuvieron presente ese día, el gobierno en pleno encabezado por el presidente y sus secretarios de estado, los presidentes del Senado Patricio Aylwin y de la Cámara de Diputados, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez, los jefes de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Corte Suprema y el contralor general de la república y los líderes sindicales Víctor Diaz y Héctor Olivares.
En aquella ocasión, con un tono ceremonioso, el presidente Allende reiteró el significado histórico de la nacionalización, diciendo: "me ha correspondido un honor inmerecido el que yo tenga que firmar esta reforma histórica". Concluido su discurso, firmó el decreto y al parecer en un acto de cierta improvisación e inédito, el mandatario pidió a todo su gabinete que firmara la reforma constitucional.
Esta firma constituyó el primer paso, ya que simultáneamente el gobierno, plasmaba en hechos concretos la expropiación de las mineras a sus tradicionales dueños. Entre el 15 y 16 de julio de 1971, el presidente promulgó los decretos de estatización de las grandes mineras, fijó el procedimiento del traspaso, determinó las instancias públicas involucradas y estableció los derechos de los ex propietarios, para poder reclamar alguna indemnización al Estado chileno.
Uno de los elementos centrales de estos decretos, fue la "agencia pública" que tendría a cargo la administración de las grandes mineras del cobre y que se llamó "Corporación del Cobre de Chile", que en el año 1976, pasó a llamarse "Corporación Nacional del Cobre de Chile" (CODELCO).
Presentamos esta vez, en soporte digital, los originales de los decretos que forman parte de la historia de Chile y son parte de los documentos custodiados por el Archivo Nacional de Chile, disponibles para toda la comunidad.
A 42 años de la nacionalización del cobre, nuevamente surge la reflexión sobre los modelos de desarrollo implementados por los países. Lo unánime de la votación y rápida discusión en el parlamento chileno de la reforma constitucional de 1971, no fue solo el triunfo de la Teoría del Dominio Patrimonial de las riquezas nacionales, sobre la Teoría del Dominio Eminente (3) oel paso adicional natural a lo avanzado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la Chilenización del cobre. Este acuerdo político, consideraba que "la propiedad estatal de los recursos naturales" era "la herramienta", más eficaz para proteger los intereses nacionales y orientar los recursos obtenidos de su explotación al desarrollo del país. Era una mirada que producía un equilibrio, entre el poder del Estado Nacional y las compañías transnacionales.
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(1) Maira, Luis: "Las posibilidades de una nacionalización inmediata". Tema de Polémica /Cobre. Pág. 43.
(2) Contraloría General de la República: "Recopilación de leyes". Tomo 58. Pág. 631.
(3) Acuña, Jorge: "Marco Legal chileno de la Minería del Cobre". Pág. 5
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Fuentes:
- Fondo Ministerio de Minería: Vol. Nº 243
- Contraloría General de la república: Boletín de Leyes, Nº58.
- Maira, Luis: "Las posibilidades de una nacionalización inmediata". Tema de Polémica /Cobre. Pág. 43.
- Memoria Chilena.
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